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Marco globalA.2 Contexto socio–económico

Políticas educativas de reforma de la Formación Profesional en España

En este artículo se revisa el tratamiento que las enseñanzas de formación profesional han recibido en las diferentes reformas del sistema educativo español.

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2013

Año:2013

Autor/es

  • Rodriguez Fuentes, Antonio
  • Gallego Ortega, Jose Luis
  • Rodriguez Fuentes, Luis

Filiación: IES Hermenegildo Lanz (Granada)
Universidad de Granada

Comunidad Autónoma:Andalucía

Revista:Revista Iberoamericana de Educación , Vol/nº: 62 (2) , Páginas: 1-13

Resumen

En este artículo se revisa el tratamiento que las enseñanzas de formación profesional han recibido en las diferentes reformas del sistema educativo español. En perspectiva histórica, se analizan las disposiciones legales más representativas que regulan estas enseñanzas, y se describe el nuevo sistema de formación profesional dual, recientemente regulado en España. Se concluye subrayando la necesidad de que las instituciones educativas y los centros de trabajo generen conjuntamente entornos de aprendizaje donde todas las partes puedan aprender, así como la conveniencia de integrar los conocimientos teóricos y prácticos para desarrollar competencias de alto nivel, con el fin de mejorar las perspectivas laborales de las personas, su empleabilidad y la mejora de la competitividad de las empresas.

Objetivos / Hipótesis

Analizar y revisar el tratamiento que las enseñanzas de FP han recibido en las diferentes reformas del sistema educativo español.

Tipo de Investigación y Metodología

Investigación Descriptiva - Histórica-Normativa // Cualitativa

Detalle: Metodología cualitativa, estudio normativo-histórico. 

Participantes / Muestra

  • Fuentes Documentales.
  • Normativa.

Detalle: Leyes educativas: LGE (1970); LOGSE (1990); LOCE (2004); LOE (2006).

Instrumentos

  • Revisión documental.
  • Análisis normativo.

Detalle: Análisis documental de las disposiciones legales que han regulado las enseñanzas de FP en España.

Resultados / Conclusiones

Si algo ha caracterizado al sistema educativo español en la etapa democrática es la falta de consenso entre los partidos políticos. Prueba de ello son las numerosas leyes educativas que con mayor o menor éxito se han promulgado (Ley Orgánica del estatuto de Centros Escolares, [LOECE]; Ley Orgánica del Derecho a la Educación, [LODE, 1985]; Ley de Ordenación General del Sistema Educativo [LOGSE, 1990]; Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes [LOPEG, 1995]; Ley Orgánica de Calidad de la Educación [LOCE, 2002]; Ley Orgánica de Educación [LOE, 2006]) y ello por no mencionar aquellas que se relacionan con la educación universitaria o con la Formación profesional.

No obstante lo anterior, la FP en España, que tradicionalmente no concitó la atención necesaria – ni en términos educativos ni socio-laborales ha ido ganando peso y hoy es considerada como  un factor clave de desarrollo y competitividad (Gallego y Campaña, 2011). Sus enseñanzas son percibidas como trascendentales en el sistema educativo, al incluir un conjunto de ciclos formativos cuya finalidad es preparar a los estudiantes para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida socio-cultural y económica. Cumple con un objetivo primordial como es la mejora de las perspectivas laborales de las personas, su empleabilidad y la mejora de la competitividad de las empresas (Gallego y Campaña, 2011).

Hoy más que nunca es necesario crear puentes entre el sector público y el privado, entre los centros educativos y el mundo del trabajo (Heinz, 2002). Es preciso que las instituciones educativas y los centros de trabajo creen de manera conjunta entornos de aprendizaje donde todas las partes puedan aprender. Cada vez más es compartida la idea de que la enseñanza profesional, tanto en España como en el resto de los países desarrollados, debe diseñarse con la intención de servir al sistema productivo para proporcionar a éste el personal cualificado que la dinámica económica demanda (García, García y Velloso, 1989). Integrar conocimientos teóricos y prácticos resulta fundamental para desarrollar competencias de alto nivel (Leinhardt, McCarthy y Merriman, 1995).

Sin embargo, no debe confundirse cualificación con título o certificado (Amor, 2009). Mientras que la cualificación pertenece al ámbito productivo, tecnológico y laboral, la acreditación se vincula con el sistema educativo o laboral que la expide y reconoce. Por tanto, la cualificación es la competencia que el trabajador debe tener para responder a las necesidades del mercado de trabajo, y el título o certificado es el contenido formativo definido por la Administración educativa o laboral para adquirir la competencia incluida en una o más cualificaciones.

En este sentido, y como reflexión final, es posible que la FPD abra un esperanzador escenario a los jóvenes tanto para su cualificación como para su incorporación al mercado laboral, aunque también puede representar un riesgo para el acceso al trabajo y remuneración de los empleados, dada la potestad exclusiva de las empresas para ofertar las plazas. En efecto, si se habla de un sistema dual con participación del Estado, lógico sería pensar también en su colaboración para la selección de este alumnado, a partir de criterios justos y públicos.

Otros documentos relacionados

En colaboración con:

  • Fundación Bertelsmann
  • Universidad de Murcia
  • Universitat de Barcelona

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